Pese a que las entidades locales, a dos años y medio no han podido encontrar evidencias de que las operaciones de la Banca Privada de Andorra (BPA) en el país estuviesen asociadas con actos ilícitos, los clientes continúan esperando la devolución de sus fondos congelados, que en depósitos y renta fija suman 190 millones de euros, de acuerdo a cálculos oficiales, mientras por parte de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) no hay ningún interés en cerrar este aciago capítulo de la banca internacional.
Ante tantas irregularidades en el proceso, la Alcaldía ha ordenado a la AREB entregar el informe de PriceWaterhouse Coopers (PwC) sobre la revisión de cuentas de BPA, luego de darles la razón a los clientes afectados en una sentencia emitida el 6 de febrero pasado, ya que la AREB nunca les comunicó el resultado del análisis de sus cuentas, ni si estaban en condiciones de ser transferidos a Vall Banc, dejándolos en la indefensión, y quizá sea la causa que le haya costado la cabeza al vicepresidente del Consejo de Administración de Vall Banc, Christoph Lieber, quien renunció «voluntariamente» a la entidad el pasado 20 de febrero.
Ahora dicha entidad deberá notificar a los clientes de forma justificada si son aptos para pasar a Vall Banc, adjuntando el mencionado informe. En este sentido destaca que de las sentencias que se han dictado, tres les han dado la razón a los clientes, fundamentado en que la AREB en ningún momento respetó los estándares internacionales en materia de confidencialidad y de protección al ahorro de los clientes.
Desde noviembre de 2016 la AREB, cuyo Consejo de Administración lo encabeza Albert Hinojosa Besoli, fue demandada por los clientes afectados por no haber traspasado sus fondos a Vall Banc y haberlos mantenido bloqueados sin explicarles los motivos. La idea de crear un «banco bueno» con los activos y pasivos legítimos de BPA, podría tener un trasfondo misterioso, debido a que la AREB se ha negado sistemáticamente a realizar acuerdos operativos y hacer más expedita la solución de los activos bloqueados.
De acuerdo a un análisis realizado a la última resolución del 27 de octubre del 2017 del Consejo de Administración de la AREB, por la que se adopta, entre otros, el acuerdo de transmisión secuencial de diferentes activos y pasivos de la extinta entidad bancaria a favor de Vall Banc, cuyo antecedente se sustenta en la Ley 8/2015, en la revisión y análisis de los clientes de BPA se aplicó en todo momento un «enfoque de riesgo», cuando contradictoriamente dicha Ley destaca que «los accionistas de la entidad serán los primeros en soportar las pérdidas y los costes de los procesos».
La misma resolución ha definido que los clientes fueron considerados «aptos» cuando, sobre la base de la revisión y del análisis realizadas por PwC respecto de su perfil, no se detectaron indicios de operativa sospechosa. La calificación de «apto» y «no apto», fue el resultado de la aplicación de la metodología y los procedimientos realizados por PwC, sin embargo, esa calificación pareciera tener juicio de valor o procesal para algunos clientes que no han podido recuperar sus ahorros.
Y aunque la AREB ha detectado nuevos clientes elegibles para su traspaso, negligentemente todo sigue en el escritorio, al no haberles notificado su condición de nuevo cliente de Vall Banc con posterioridad a la fecha de transmisión, mediante comunicaciones escritas individualizadas, a pesar de que BPA puso a disposición de Vall Banc el listado de aquellas cuentas que tenían la consideración de traspasables con sus datos personales incorporados.
Es decir, la AREB no ha cumplido con un proceso transparente, objetivo, competitivo y no discriminatorio, ya que, aunque se ha dado un enorme traslado de clientes, así como varias auditorías para determinar el perfil de los depositantes, aún persiste el congelamiento de ciertos activos en renta variable en un banco suizo.
El último traspaso a Vall Banc, se realizó el 9 de noviembre del año pasado, e incluyó 87 cuentas que corresponden a 45 clientes, con un valor de cinco millones de euros, después de que fueron declarados «aptos», y se les levantó la sospecha de estar relacionados con los casos de blanqueo por los que el banco fue intervenido el 10 de marzo de 2015.
Comunicado recibido el 4 de Abril de 2018.
