Aflora plan perverso de UIFAND en el caso BPA

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En complicidad con la AREB, utiliza engañosa auditoría de PwC para continuar con los bloqueos de cientos de cuentas

En una complicidad perversa, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) utiliza insensatamente los informes y el trabajo de auditoría de la desprestigiada consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), que ya se ha comprobado han resultado engañosos, para acusar de blanqueo de capitales a clientes de la desaparecida Banca Privada d’Andorra (BPA) e iniciarles procesos jurídicos, sin que un juez haya dictado sentencia, con la única intención de seguir bloqueando las cuentas de cientos de ahorradores que confiaron su patrimonio a dicha entidad, y tender trampas para finalmente quedarse con el dinero de los clientes.

A pesar de que los informes irregulares de PwC carecen de autoridad financiera y sin una base de escrutinio, la UIFAND, que dirige Carles Fiñana, en contubernio con la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), encabezada por Albert Hinojosa Besolí, los presentan ante la justicia andorrana para seguir reteniendo los legítimos fondos de empresarios de todo el mundo, que llevan tres años viviendo una pesadilla financiera.

En una actitud totalmente deshonesta, las autoridades andorranas se han encargado de tejer una red de trampas y complicidades para alargar el tiempo y quedarse con los millonarios fondos de los clientes, que se han visto atados de mano, pero que no bajan la guardia y en próximos días reforzarán su batalla jurídica, apoyados por organismos internacionales, principalmente de derechos humanos y derecho constitucional.

En la auditoría realizada a la extinta BPA, la firma PwC, contratada por la AREB aplicó una metodología inapropiada que la llevó a la quiebra. Erróneamente estimó las pérdidas en dos escenarios, el de liquidación y el de continuación, pero no consideró para uno de resolución, por lo que incurrió en negligencia al no verificar que la destrucción de valor por la vía de liquidación sería superior. Su desacierto trajo como consecuencia que miles de ahorradores e inversionistas lo perdieran todo, al ser intervenida la entidad bancaria en marzo del 2015.

Tan solo el año pasado la UIFAND reportó 116 declaraciones de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, de las cuales 107 corresponden a entidades bancarias, y de estas, 44 estarían relacionadas con el caso BPA, sin embargo, hasta el día de hoy la UIFAND no ha podido comprobar nada, pues todo queda solamente en sospecha. La Fiscalía, que también ha pecado de negligente, mantiene en los cajones del escritorio 56 casos.

La voracidad y avaricia de los ejecutivos de la UIFAND, no tiene límites, en 2016 fueron investigadas 437 personas; para el 2017 la cifra llegó a mil 729 y en lo que va de este 2018 ya se han superado las 50, lo que representa un redituable negocio de 254 millones de euros. Es curioso que estas “investigaciones” no alcancen a otros sectores como notarios, abogados, economistas o inmobiliarias, ya que no les resulta redituable por el volumen de negocio que generan.

Ante tantas irregularidades la UIFAND se ha mantenido en el “ojo del huracán”, al grado que el consejero general de SDP Víctor Naudi, ha exigido al Gobierno que responda en relación a la situación de la Unidad de Inteligencia, y manifiesta su preocupación ante lo que aparece como un debilitamiento de su estructura. Se le ha reclamado también saber cuántas declaraciones de sospecha ha tramitado entre 2011 y el 2017, en atención a la nueva legislación de prevención y lucha contra el blanqueo, ante la debilidad de sus medios técnicos y humanos.

Lo cierto es que las entidades de control del sistema financiero andorrano, como el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), dirigida por Ramón López, la UIFAND y la AREB, han resultado un verdadero fiasco. De acuerdo a un informe trascendido en días pasados, han recibido muchas críticas por las constantes negativas de sus máximos responsables, a entregar informes a los consejeros generales de la Legislatura, amparados en las cláusulas de confidencialidad, que sí pudieron vulnerar en el caso de sus clientes, cuando así les convino.

La Comisión Especial de Vigilancia y Prevención de Riesgo para la Estabilidad Financiera, ya les pisa los talones, pues tienen la obligación y el deber de colaborar con la Comisión BPA, e informar sobre los procedimientos y actuaciones injustificadas de estas entidades.