La compañía guipuzcoana CAF aparece en el informe ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’, presentado por la Relatora Especial de Naciones Unidas para Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, como empresa que se enriquece con la ocupación ilegal de Israel.
En el informe se señala que: “Varias empresas contribuyeron al desarrollo de carreteras e infraestructuras de transporte público fundamentales para establecer y ampliar las colonias, y conectarlas con Israel al tiempo que excluían y segregaban a los palestinos. La empresa española/vasca Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles se unió a un consorcio con una empresa [la empresa israelí Shapir] incluida en la base de datos del ACNUDH para mantener y ampliar la Línea Roja del Metro Ligero de Jerusalén y construir la nueva Línea Verde, en un momento en que otras empresas se habían retirado debido a la presión internacional. Estas líneas incluyen 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Oeste”.
Amnistía Internacional subraya que «CAF no puede seguir afirmando que este proyecto respeta los derechos humanos». Es más, afirma que «la empresa no ha hecho sino obviar las diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Corte Internacional de Justicia que consideran ilegales los asentamientos israelíes en Territorio Palestino Ocupado, así como el hecho de que el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró ilegal el proyecto de este tranvía en 2016 y 2017 afirmando que viola claramente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU ”.
Ante esta situación, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, es rotundo: «Le pedimos a CAF, una vez más, que abandone este proyecto y cualquier licitación impulsada por el Gobiernos de Israel en el Territorio Palestino Ocupado».
