La brecha económica entre generaciones se ha ensanchado de forma drástica en Gipuzkoa al cierre de 2025. Mientras que un nuevo pensionista del régimen general percibe una media de 1.917 euros al mes (repartidos en 14 pagas), los trabajadores menores de 30 años deben conformarse con un salario mensual de apenas 1.374 euros. Esta diferencia de más de 500 euros mensuales a favor de quienes abandonan el mercado laboral pone de manifiesto que el sistema de protección actual garantiza rentas muy superiores a las que el mercado de trabajo ofrece hoy a la juventud guipuzcoana.
Este desajuste del 38 % se explica por la solidez de las carreras de cotización de las décadas pasadas, vinculadas a una industria fuerte y estable, frente a una realidad actual de empleos con salarios de entrada más modestos. La paradoja es evidente: el poder adquisitivo en el territorio se está desplazando hacia las clases pasivas, mientras que la fuerza laboral joven —encargada de sostener el sistema— se enfrenta al coste de la vida con ingresos significativamente menores. Esta brecha de 7.600 euros anuales de diferencia condiciona aspectos críticos como el consumo local y, sobre todo, el ahorro.
La situación es especialmente preocupante en un contexto de precios al alza en Gipuzkoa, donde el acceso a la vivienda se ha vuelto un obstáculo casi insalvable para los menores de 30 años con nóminas de 1.300 euros. El hecho de que un recién jubilado disponga de una capacidad económica tan superior a la de un joven trabajador plantea un desafío estructural para el territorio. Expertos advierten que, de no corregirse esta tendencia mediante una mejora sustancial de los salarios de entrada, Gipuzkoa corre el riesgo de consolidar una sociedad donde la edad sea el factor que determine quién puede permitirse vivir en el territorio y quién no.
