La Federación Vasca del Taxi ha convocado una jornada de movilizaciones para el próximo 26 de marzo en Donostia con el fin de protestar contra el «intrusismo profesional» que, denuncian, ejercen plataformas como Uber. El colectivo exige a las instituciones un compromiso real para hacer cumplir la normativa vigente que regula los vehículos de transporte con conductor (VTC). Según la federación, existe una «falta absoluta de interés» por parte del Gobierno municipal donostiarra para controlar estas actividades, lo que consideran una tolerancia inaceptable hacia prácticas que dañan directamente al sector.
Uno de los puntos clave de la denuncia es el impacto económico negativo para el territorio. Los taxistas señalan que la actividad de estas plataformas no revierte fiscalmente en Euskadi, ya que empresas como Uber mantienen su domicilio fiscal en los Países Bajos. Además, subrayan que muchas de las operadoras que gestionan las licencias VTC tributan en Madrid y no en las haciendas forales vascas. A esta situación se añaden las críticas por la «precariedad» del servicio, que según el colectivo afecta tanto a las condiciones laborales de los conductores como a la calidad y seguridad que reciben los usuarios.
El sector del taxi lamenta que las palabras de apoyo de los responsables políticos no se hayan traducido en inspecciones efectivas, poniendo como ejemplo ciudades como Pamplona o Vigo, donde sí se han ejecutado sanciones e inmovilizaciones de vehículos. Ante lo que califican de «connivencia» institucional, la Federación Vasca del Taxi advierte de que la protesta del 26 de marzo será solo el punto de partida. La junta directiva ya trabaja en la concreción de un calendario de movilizaciones más extenso que se desarrollará durante las próximas semanas para presionar a la Administración.
