El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha comenzado a percibir los primeros efectos positivos derivados de la reforma del programa Bizigune, orientada a movilizar inmuebles deshabitados hacia el mercado protegido. Con la aprobación del reciente marco regulatorio de Medidas Urgentes, la administración autonómica ha elevado el canon mensual que perciben los titulares que ceden la gestión de sus viviendas hasta el 80% de su valor de mercado, fijando un tope general de 700 euros que busca competir con el sector privado.
Las mejoras resultan especialmente significativas en las localidades declaradas formalmente como zonas tensionadas, donde la compensación a los arrendadores puede escalar hasta alcanzar el 95% del precio medio que recoge la Estadística del Mercado de Alquiler. El reflejo más evidente de este cambio metodológico se ha dado en Donostia/San Sebastián, donde el límite máximo del canon ha superado por primera vez la barrera de las cuatro cifras al situarse en 1.008 euros mensuales por una vivienda incorporada al servicio, un incremento notable frente al tope previo de 675 euros.
Pese a que el procedimiento administrativo de captación de inmuebles requiere plazos de tramitación más prolongados que la concesión de subsidios directos, las autoridades constatan ya un cambio de tendencia. El incremento en el volumen de consultas ciudadanas y el repunte en las renovaciones de contratos de cesión que estaban próximos a expirar avalan la acogida de la reforma. Asimismo, la normativa ha flexibilizado los requisitos de acceso para las familias demandantes, elevando el umbral de ingresos máximos permitidos hasta los 46.463 euros anuales.
