El Gobierno Vasco impulsará 814 viviendas públicas en 23 municipios de menos de 7.000 habitantes

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El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha presentad una estrategia orientada a reforzar el parque público en zonas rurales y pequeños núcleos de Euskadi. La iniciativa contempla la articulación de 814 unidades residenciales —599 viviendas protegidas y 215 apartamentos dotacionales— distribuidas en 23 municipios de menos de 7.000 habitantes, combinando promociones finalizadas, en ejecución y en fase de estudio para favorecer el arraigo y la cohesión social.

Por territorios, Álava concentrará 377 unidades repartidas entre Iruña de Oca (244 protegidas y 36 dotacionales), Oyón-Oion (23), Valdegovía (24), Artziniega (20), Zuia (16) y Elciego (14). En Bizkaia se desarrollarán 169 inmuebles distribuidos en Sopuerta (60), Zierbena (27), Mundaka (24), Orduña (20), Zaldibar (19), Errigoiti (15), Ea (14) y Otxandio (10). Por su parte, Gipuzkoa sumará 268 promociones localizadas en Lezo (52), Idiazabal (40), Orio (40), Soraluze-Placencia de las Armas (30), Urretxu (24), Getaria (20), Mutriku (20), Beizama (12) y Mendaro (10).

Durante su exposición, Denis Itxaso ha destacado la importancia de ajustar las políticas públicas a las particularidades de las localidades de menor dimensión frente a los grandes entornos urbanos: «Hablar de vivienda en los municipios pequeños de Euskadi no es hablar de un asunto menor, periférico o complementario. Es hablar de equilibrio territorial. La política de vivienda para los pueblos pequeños no puede ser una copia reducida de la política de vivienda de las grandes ciudades; hay que adaptar la escala, los tiempos, los incentivos, la gobernanza y las formas de promoción».

Para dar respuesta a estas necesidades, el Departamento desplegará una combinación de herramientas que incluye la movilización de vivienda vacía, la rehabilitación de inmuebles públicos, las cooperativas en cesión de uso y la colaboración directa con los consistorios locales. Con este plan, el Ejecutivo autonómico busca consolidar alternativas residenciales asequibles que faciliten el relevo generacional y garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos en el ámbito rural.