El Servicio Vasco de Empleo ha emitido un promedio de 222 reclamaciones diarias durante la primera mitad del año para exigir la devolución de cobros indebidos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). El montante acumulado asciende a 29,5 millones de euros percibidos por los usuarios sin cumplir los requisitos, un desfase ocasionado tanto por retrasos en la comunicación de datos como por desajustes burocráticos.
La caducidad de estos expedientes ha supuesto la pérdida de 38 millones de euros desde 2022 al prescribir más de 18.600 procedimientos. Con la reforma legal aprobada en 2023, el plazo de prescripción se redujo de cuatro a dos años para ofrecer mayor seguridad jurídica a los perceptores en situación de vulnerabilidad. Para agilizar el recobro, Lanbide ha reforzado la inspección, intensificado los cruces de datos y unificado las deudas acumuladas, logrando recuperar 43,4 millones de euros a lo largo del último ejercicio.
