La justicia autonómica ha tumbado la normativa que regulaba el uso y la exigencia del euskera en la administración pública vasca debido a un fallo en su tramitación presupuestaria. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado el recurso presentado contra la norma al constatar que la Administración no cuantificó adecuadamente los costes económicos que implicaba su aplicación, aunque ha descartado que el contenido de la regulación vulnere el marco legal o postergue el uso del castellano.
El fallo judicial señala que el proyecto salió adelante sin subsanar las advertencias previas de la propia Oficina de Control Económico, que ya había señalado la falta de una estimación de gastos precisa. Los magistrados subrayan que medidas como la implantación de planes de normalización, el desarrollo de herramientas de traducción o el derecho de los trabajadores públicos a recibir formación lingüística conllevan obligaciones financieras para el sector público autonómico, foral y local que debieron quedar detalladas en el expediente.
Aunque la sentencia se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes, la resolución genera dudas sobre la aplicación práctica de mecanismos recientes, como los perfiles de idioma adaptados o la acreditación del euskera mediante el uso directo en el puesto de trabajo. La decisión ha generado diversas reacciones políticas y sindicales, mientras que el área lingüística del Gobierno vasco ha asumido la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en las tramitaciones presupuestarias futuras.
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