Las patronales CEOE y Cepyme han respondido con dureza al anuncio de huelga general por la vivienda promovido por CCOO y UGT en pleno contexto preelectoral. En un comunicado conjunto, los empresarios califican la medida de «inadmisible» y cuestionan su encaje jurídico, al entender que persigue fines normativos y presupuestarios que competen a la Administración y no guardan una «naturaleza laboral». Por ello, las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel avanzan que evaluarán la convocatoria formal cuando se concrete la fecha para adoptar las medidas legales que consideren oportunas, criticando además que se utilice la actividad económica como «tablero» ante la próxima cita con las urnas.
Frente al rechazo empresarial, el Ministerio de Trabajo ha manifestado su «absoluto respeto» al ejercicio del derecho de huelga, defendiendo que la dificultad de acceso a la vivienda impacta de lleno en las condiciones de la clase trabajadora. Conscientes de los límites legales que tachan de ilegales las huelgas estrictamente políticas, CCOO y UGT han fundamentado la protesta de 24 horas en la pérdida de poder adquisitivo, argumentando que los sueldos actuales resultan insuficientes ante la subida constante del coste habitacional.
