El personal científico-técnico de los institutos públicos de investigación sanitaria ha rechazado el último planteamiento remitido por las direcciones de los centros y el Ejecutivo vasco para la regulación de sus condiciones de trabajo. Las plantillas han considerado inadmisibles los términos del documento al entender que consolidan «cuatro años de incumplimiento» de la Ley de la Ciencia aprobada en 2022 y que no garantizan una equivalencia retributiva efectiva respecto al personal del servicio público de salud.
La representación laboral ha indicado que, aunque el diálogo ha permitido desbloquear la situación en el departamento de gestión, las condiciones acordadas no se trasladan a la rama investigadora. La oferta actual asigna al personal científico retribuciones inferiores a las del área de administración y pospone el cobro del 100 % de los incrementos salariales hasta el año 2030, una calendarización que dejaría sin efecto las mejoras en contratos de duración determinada, como los del colectivo predoctoral.
A esta brecha se añade el desacuerdo en torno al reconocimiento de la retroactividad. Mientras que para la sección administrativa se contemplan efectos económicos abonables desde enero de 2026, en la escala científico-técnica se limita el impacto retributivo al momento formal en que se suscriba el acuerdo.
Desde la central ELA han advertido de que la falta de acuerdo «pone en riesgo la excelencia científica y dificulta la retención del talento» en la red pública de Euskadi. Por ello, instan a las instituciones a modificar el borrador para integrar el cobro retroactivo de los atrasos, asegurar el mantenimiento del empleo y fijar un esquema laboral equiparable al de Osakidetza.
