El Órgano Administrativo de Recursos Contratuales (OARC) del Gobierno Vasco ha dejado sin efecto el concurso público destinado a adjudicar el servicio de ambulancias de Osakidetza, una macrocontrata dividida en dos lotes —transporte sanitario urgente y programado— cuyo importe máximo estimado asciende a 1.359 millones de euros contando posibles prórrogas. El organismo administrativo estima parcialmente las impugnaciones formuladas por centrales sindicales como LAB y ESK al determinar que el Departamento de Salud no ha motivado adecuadamente por qué no asume esta prestación con recursos públicos propios, tal como sucede actualmente con las UVI móviles.
En sus resoluciones, el OARC recuerda que, si bien la Administración goza de margen organizativo, dicha capacidad está sujeta a la normativa vigente: “No se discute la potestad de autoorganización de la que dispone el poder adjudicador para gestionar los servicios de su competencia y decidir, entre otras cuestiones, si deben prestarse con medios propios o contratados al efecto. Sin embargo, dicha potestad discrecional tiene como límite el respeto del ordenamiento jurídico”. Pese a rechazar otros argumentos de los recurrentes, el órgano concluye que la ausencia de una acreditación sólida sobre la falta de medios propios basta para invalidar el expediente, publicado el pasado verano y recurrido también por LSB-USO, una patronal y ELA, sindicato este último que retiró su recurso meses atrás.
Esta anulación frustra los planes del equipo del consejero de Salud, Alberto Martínez, que aspiraba a normalizar la gestión el próximo 1 de enero de 2027 tras dos años de soluciones provisionales desde que en noviembre de 2024 se rescindiera anticipadamente el contrato a la firma catalana Grup La Pau en Álava y Bizkaia por impagos e irregularidades. Desde entonces, Ambulancias Gipuzkoa opera en su territorio y en Álava, mientras que en Bizkaia lo hace la unión Bizkanb (integrada por Sanir, filial de Alsa, y Baztan-Bidasoa). Tras conocerse el fallo, LAB ha subrayado que la legislación “establece la preferencia por la gestión pública directa” y ha celebrado que se frene el “desvío” de casi 1.400 millones “a manos privadas” exigiendo la “publificación integral”, mientras que ESK ha afirmado que “esta resolución muestra claramente que las vías de las privatizaciones no sólo no están justificadas sino que suponen un menoscabo para la asistencia sanitaria y las condiciones laborales de las plantillas subcontratadas”.






