La dificultad para contactar con los beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ha llevado a Lanbide a emitir cerca de 41.400 comunicaciones en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) en los meses transcurridos de año. Este mecanismo legal se activa únicamente tras verificar el padrón e intentar, sin éxito, el envío de cartas al domicilio en horarios distintos. A pesar del despliegue administrativo, el nivel de respuesta es mínimo: solo 1,13 de cada 100 ciudadanos aludidos comparece en dependencias oficiales para retirar la documentación tras la publicación.
La estadística evidencia una tendencia al alza en este tipo de expedientes no entregados, que pasaron de quedarse por debajo de los 40.000 anuales en 2022 y 2023 a rozar los 75.000 a lo largo del año pasado. Este repunte en la actividad edictal supera con creces la evolución del número total de usuarios de la RGI, el cual se situó en 71.807 personas durante el último ejercicio cerrado. Las causas que impiden la entrega en mano abarcan desde simples descuidos informativos en los cambios de casa hasta el miedo al contenido de la misiva o supuestos de fraude en el padrón.
Respecto al contenido de los requerimientos que quedan sin recibir, casi una tercera parte de los avisos se vincula con expedientes de reintegro por importes abonados de más a los titulares. El resto de las cartas tramitadas por el personal del organismo público incluye resoluciones ordinarias de control de ingresos, solicitudes para aportar documentos que faltan en la carpeta del usuario y expedientes sancionadores que contemplan la suspensión temporal o la extinción definitiva de la prestación social.
