El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha avalado la suspensión del ejercicio profesional durante un mes a una farmacéutica de Bizkaia tras constatar la entrega irregular de 1.334 unidades de Qutenza —un parche cutáneo de alta concentración de capsaicina indicado para el dolor neuropático— a una sola usuaria entre mayo de 2019 y enero de 2023. La magistratura incide en que el colectivo profesional no debe actuar como mero despachador de recetas, sino que tiene la obligación legal de supervisar la posología y consultar con el personal médico ante cualquier anomalía desproporcionada.
La sentencia determina que la boticaria llegó a despachar una media de 30 envases al mes de este medicamento (cuyo precio ronda los 266,84 euros por unidad), cuando la ficha técnica establece la aplicación de un solo parche cada 90 días. Además, en las labores de inspección se localizaron en la propia farmacia otros 258 parches que habían sido facturados al sistema sanitario público por un valor global que superaba los 356.000 euros, pero que no habían sido entregados a la destinataria.
Con este fallo, la máxima instancia judicial autonómica rechaza las alegaciones de la defensa —que justificaba su actuación en una pauta informática errónea de la receta— y confirma de forma definitiva la sanción disciplinaria dictada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos y respaldada por el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco.
