Unas 105.100 personas en Gipuzkoa —el equivalente a uno de cada siete residentes— soportan un gasto desproporcionado en sus suministros básicos, según revela el informe «Evaluación de las situaciones de pobreza energética en Gipuzkoa», elaborado por la Diputación Foral y el Servicio de Información e Investigación Social. El estudio, impulsado por el Departamento de Sostenibilidad, precisa que este impacto económico afecta de manera directa a 37.200 hogares del territorio, cuyos ingresos se ven condicionados para afrontar el pago de la electricidad y la calefacción.
El análisis refleja una clara tendencia al alza en los últimos ejercicios, con un incremento de 11.300 personas afectadas solo entre 2023 y 2024, periodo en el que se cierra la serie estadística del informe. No obstante, la vulnerabilidad de las familias ha empeorado en los meses posteriores debido a la constante escalada de precios en el mercado energético global, agravada por las tensiones geopolíticas internacionales.
En los primeros ocho meses de este año, la tarifa eléctrica en el territorio se ha encarecido un 40 % a raíz de la crisis derivada del conflicto en Irán y las restricciones en el estrecho de Ormuz. A esta subida de la luz se suma la presión en el mercado del gas, cuyo coste se mantiene en el entorno de los 73 euros/MWh, consolidando un escenario de elevada tensión presupuestaria para la ciudadanía guipuzcoana.
