La Diputación Foral de Gipuzkoa dio a conocer ayer, 5 de octubre, en el espacio Gunea del Palacio foral la Estrategia para la Atención a la Salud Mental en la Red de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2026-2030. Se trata de una hoja de ruta orientada a perfeccionar los apoyos que reciben las personas con problemas de salud mental en el entramado asistencial del territorio, ampliando el alcance de las intervenciones más allá de la red específica destinada al Trastorno Mental Grave. El marco busca consolidar un modelo de atención caracterizado por la prevención, la orientación comunitaria, la coordinación entre instituciones y la adaptación a las necesidades particulares de cada usuario, garantizando su autonomía e inclusión.
La apertura de la jornada corrió a cargo de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, quien estuvo acompañada por la diputada de Cuidados y Políticas Sociales, Maite Peña, y el equipo técnico de su departamento. Al acto acudieron profesionales del ámbito de la discapacidad, la inclusión social, la infancia y la atención a personas mayores, junto a representantes de Osakidetza, del departamento de Salud del Gobierno Vasco, de las redes de salud mental hospitalaria y extrahospitalaria, así como de la Fiscalía y la Judicatura. Durante la presentación, Mendoza explicó que el plan persigue una doble meta: profundizar en la anticipación y la detección precoz, e intensificar las actuaciones en el tratamiento diario de los casos, especializando los recursos dedicados a cuadros severos e incorporando de forma transversal el enfoque de la salud mental en el resto de la red social.
El plan estratégico abarca un periodo de desarrollo de cuatro años y se concreta en un presupuesto estimado de más de 10 millones de euros hasta 2030, una cifra que complementa la inversión anual de 18,5 millones dedicada en exclusiva a la atención del Trastorno Mental Grave. La propuesta se articula sobre cinco ejes fundamentales, 12 objetivos estratégicos y un conjunto de 52 proyectos. La iniciativa responde al diagnóstico previo realizado por la institución foral, el cual detectó seis desafíos esenciales: la flexibilización de las prestaciones ante perfiles heterogéneos, la mejora de la coordinación interinstitucional para evitar vacíos asistenciales, la consolidación del enfoque comunitario, la atención adecuada a situaciones complejas donde confluyen adicciones, dependencia o exclusión, la pronta identificación de la fragilidad y la medición sistemática de los resultados en la calidad de vida de las personas.
El modelo de atención impulsado sitúa el proyecto vital de la persona en el centro de la intervención, primando el respeto a sus preferencias, sus derechos y su capacidad de decisión. Asimismo, integra la perspectiva de género, la lucha contra el estigma, la equidad y la gestión de la diversidad de manera transversal.
En cuanto a la estructuración de la estrategia, sus cinco ejes comprenden las siguientes líneas de acción:
- Gobernanza y coordinación sociosanitaria: Pretende afianzar la cooperación entre los servicios sociales y el sistema de salud alineando metodologías, compartiendo información y habilitando espacios técnicos comunes. Esta colaboración se extenderá a sectores como la justicia, la vivienda, el empleo, el deporte o la cultura para ofrecer trayectorias continuas. En este marco se prevé la creación de una Mesa Interinstitucional para abordar casos de alta complejidad o desprotección.
- Prevención, promoción e implicación comunitaria: Fomenta la detección temprana, la concienciación social y la reducción del estigma. Incluye medidas de apoyo mutuo, incentivos a la inclusión laboral y fórmulas comunitarias para prolongar la permanencia de los usuarios en sus domicilios. Asimismo, incorpora recursos de formación, acompañamiento y respiro destinados a las familias y personas cuidadoras para aliviar la carga de los cuidados.
- Adecuación de la red a necesidades presentes y futuras: Representa el bloque de mayor extensión y combina la transformación organizativa con la actualización de los recursos existentes. Contempla la asignación de profesionales de referencia, itinerarios asistenciales para momentos de crisis, la flexibilización de la atención diurna, el refuerzo de programas para jóvenes y la adaptación de los servicios al envejecimiento de los pacientes con trastornos graves. También se incluyen actuaciones específicas para patología dual, trastornos de conducta, alta vulnerabilidad, discapacidad intelectual asociada a patología mental y el tránsito a la edad adulta.
- Perspectiva de género, equidad e inclusión: Considera el impacto cruzado de variables como la edad, el sexo, la procedencia o el nivel socioeconómico en la planificación asistencial. En este apartado se incluye un proyecto orientado a evaluar y mitigar la sobrecarga física y emocional que soportan principalmente las mujeres cuidadoras.
- Gestión del conocimiento, innovación y calidad: Aposta por dotar de mayor solidez técnica al sistema mediante la incorporación de indicadores de salud mental en el Observatorio de Servicios Sociales, el intercambio de buenas prácticas y la capacitación continua del personal. Además, plantea promover un marco normativo autonómico para los recursos dirigidos al Trastorno Mental Grave, la implantación de estándares de calidad y la participación activa de los usuarios en la evaluación del servicio.
