La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha confirmado la resolución del contrato de arrendamiento y la orden de desahucio que obliga a un inquilino, de origen paquistaní, y a su familia a desalojar una vivienda situada en Donostia. La decisión judicial se fundamenta en el incumplimiento de las cláusulas contractuales tras constatarse el subarriendo no autorizado de habitaciones a personas ajenas a la unidad familiar, lo que provocó que el padrón municipal registrara hasta 17 residentes inscritos en el inmueble.
La relación contractual comenzó en febrero de 2017 para un núcleo familiar compuesto originalmente por cinco personas. Aunque la propietaria concedió un único permiso por escrito para realquilar una habitación a un tercero durante un año, el arrendatario continuó ofertando estancias a más ocupantes de forma continuada entre 2018 y 2023. Los informes facilitados por el Ayuntamiento donostiarra acreditaron un incremento progresivo de altas en el censo que alcanzó su pico máximo con cerca de una veintena de empadronados.
El tribunal ha desestimado el recurso presentado por la defensa al considerar probado que la autorización inicial no facultaba al inquilino para realizar alquileres indeterminados sin el consentimiento de la propiedad. Con la ratificación del fallo emitido en primera instancia por el Tribunal de Instancia de Donostia, la familia deberá entregar el inmueble libre de ocupantes y asumir el pago de las costas procesales del procedimiento.
