Castilla y León cuenta con más de 2.000 cooperativas en funcionamiento que dan empleo a 18.000 personas y facturan más de 3.000 millones de euros
Salamanca es la provincia que más entidades de estas características acumula, en concreto, a fecha del 30 de abril de 2014, según datos oficiales de la Junta de Castilla y León, cuenta con 410. La mayoría, 159, son de explotación comunitaria de la tierra. Estas cifras la colocan como la primera provincia en desarrollo de esta actividad en Castilla y León.
Por detrás de Salamanca se sitúan León y Burgos con 320 y 319 respectivamente, seguidas por Valladolid con 283. En el polo opuesto se encuentran Soria con 83 y Ávila con 141.
La actividad económica y empresarial desarrollada a través del cooperativismo favorece el impulso de nuevos proyectos empresariales y ejerce un papel de liderazgo en la vertebración social. Además tiene un rol importante en el desarrollo de la actividad económica en zonas geográficas periféricas y, generalmente, en el medio rural, donde contribuye a la creación de servicios y actividades emergentes que impulsan una mayor calidad de vida.
Las cooperativas tiene un papel importante en la creación de empleo estable y de calidad, promoviendo además la igualdad de género en el ámbito laboral, dando oportunidad a los jóvenes, contribuyendo de forma muy efectiva al desarrollo local y siendo un referente de responsabilidad social.
Este tipo de sociedades han logrado mantener un nivel de actividad económica y de generación de empleo notable. Las razones de esta capacidad de resistencia se basan en el espíritu del cooperativismo, que se define como el trabajo en un fin común que lleva a que un grupo de personas asuman iniciar un proyecto empresarial común, como socios, entendiendo que varios o muchos tienen más opciones y más posibilidades de éxito que solos, sobre todo en determinados sectores económicos.
La Consejería de Economía y Empleo está impulsando los trabajos, en colaboración con el sector para modificar la Ley de Cooperativas de Castilla y León con el fin de adaptarla a la situación económica y social actual y conseguir, entre otros, una reducción de obligaciones y cargas administrativas, que facilite su puesta en marcha, así como un marco más apropiado para el desarrollo de su actividad.
