Caso Balenciaga: La cláusula de los honorarios de Argilagos era “abusiva”, según Pilar Azurmendi

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La directora de Patrimonio de la Diputación de Gipuzkoa, Pilar Azurmendi, ha declarado que el procedimiento que siguió el exalcalde de Getaria, Mariano Camio, al contratar al arquitecto Julián Argilagos para hacerse cargo de la construcción del museo Balenciaga no fue el “habitual” y la cláusula sobre sus honorarios era “abusiva”.

En la tercera sesión de la vista oral del juicio, han declarado funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Getaria, así como Azurmendi, que se encargó de analizar la documentación de la gestión realizada por Camio como vicepresidente de la Fundación Balenciaga y gerente de la sociedad pública Berroeta Aldamar una vez que comenzaron las sospechas de irregularidades en el año 2007.

Lo que hasta ese momento había estado casi en exclusiva en manos de Camio empezó a ser mirado con lupa. Ese examen permitió que de descubrieran duplicidades de pagos por un mismo trabajo, de lo que Azurmendi dejó constancia en el correspondiente informe, aunque en su declaración de hoy no ha podido precisar algunas fechas y cifras dado el tiempo transcurrido.

Comprobaron que se había pagado a Argilagos, que se hizo cargo del proyecto sin mediar concurso público, por trabajos muy preliminares que estaba desarrollando también y mucho más exhaustivamente la ingeniería Eptisa-Cinsa, a la que se había contratado para abordar el proyecto de ejecución y la construcción del museo.

Azurmendi ha explicado que existía también un proyecto de interiorismo para el museo que estaba realizado a un nivel “tan básico” que resultaba insuficiente. Todo ello llevó a la rescisión del contrato con Argilagos, y también con Paciel, que supervisaba el trabajo en Getaria mientras el primero permanecía en Miami.

La responsable foral, arquitecta y funcionaria de carrera, ha dicho que el contrato que Camio había suscrito con Argilagos no es el “habitual” en el sector, ya que establecía una cláusula que preveía un aumento progresivo de sus emolumentos en función de los incrementos que experimentara el presupuesto, lo que considera “abusivo”.