Vitoria-Gasteiz, 02/10/2020
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal ha enfatizado hoy que “no ha habido, ni hay, colapso alguno de la actividad judicial”. En respuesta a una interpelación del parlamentario Luis Gordillo, del grupo Popular-Ciudadanos, la consejera ha puesto en valor que, en los últimos meses, “a pesar de las restricciones generadas por la pandemia”, se ha intentado, “con las personas y medios disponibles”, dar respuesta a las necesidades de funcionamiento de los órganos judiciales, ya sean en jornada matutina o vespertina.
Según ha explicado la consejera, durante el estado de alarma existió una paralización de trámites y plazos procesales, a salvo de los que se declararon esenciales, “que ha supuesto que al reanudarse la actividad exista una acumulación de asuntos pendientes y nuevos”. Además, ya antes de la pandemia había órganos judiciales en alguna jurisdicción con una litigiosidad desbordante. Y las consecuencias socio económicas de esta crisis “posiblemente incrementen la litigiosidad, especialmente en el orden social, aunque la extensión de los ERTEs haya hecho que aún no resulte especialmente acusado tal incremento”. Por ello, Artolazabal estima que la recuperación de la actividad ordinaria de juzgados y tribunales implica afrontar estas dificultades, “pero ni existe actualmente la situación que describe la interpelación, ni cabría achacar las dificultades a falta de señalamientos de vistas por las tardes”.
Medida de protección
Sobre la posibilidad de señalar vistas a las tardes, la consejera ha analizado que se trata de una medida ideada como medida de protección para el personal de Justicia. Así, ha esgrimido el Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que habilitó la posibilidad de que las Administraciones establecieran jornadas de mañana y tarde con ciertas condiciones, y la Orden del Ministerio de Justicia de 5 de junio de 2020 (para la fase 3), que contemplaba establecer tales jornadas de mañana y tarde, pero con esta frase textual: “cuando no se pueda garantizar el mantenimiento de las medidas de seguridad para el desempeño de las funciones propias de los puestos de trabajo simultáneamente por todos los funcionarios que deban acudir al mismo centro de destino”.
Por ello, se trata de una medida que se planteó como protección laboral frente al COVID19, más que destinada a incrementar la productividad judicial. Además, dicha posibilidad sólo se habilitaba hasta el 20 de septiembre en el Decreto Ley (3 meses después del fin del estado de alarma).
Hace muy pocos días se aprobó la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Esta ley ha habilitado la posibilidad de establecer jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales hasta el 20 de junio de 2021, previa negociación colectiva con las organizaciones sindicales y respetando en todo caso las medidas de seguridad laboral y prevención de riesgos laborales.
Decisiones adoptadas
Ante esta coyuntura, la titular de Justicia en el Gobierno Vasco ha anunciado que “se arbitrarán las medidas oportunas para seguir posibilitando actuaciones en horario vespertino, ya sea fijando jornadas de mañana y tarde para determinados juzgados u oficinas previa negociación colectiva, ya sea arbitrando mecanismos para atender actuaciones por la tarde en los juzgados u oficinas que no tengan tales jornadas, tal y como ha ocurrido hasta ahora”. Siendo, esta, “una medida más de entre las que se proponen para la plena recuperación de la actividad jurisdiccional”.
Además, de las medidas relativas a la organización de las jornadas y el auxilio en las actuaciones vespertinas, en Euskadi se han habilitado “todo un ramillete de eficaces iniciativas puestas en marcha en estos difíciles meses”. Medidas como las siguientes: un sistema web de cita previa para atención en los Palacios de Justicia para la ciudadanía y las profesionales de la Justicia; sistemas remotos de conexión segura que ha permitido a los Letrados de la Administración de Justicia, así como a Jueces, Magistrados y Fiscales, acceder a sus aplicaciones de gestión procesal y a la información de sus expedientes; medidas de seguridad e higiene exigidas por las autoridades sanitarias en todos y cada uno de los espacios judiciales; dotación de equipamiento informático adicional a los órganos judiciales para facilitar la celebración de reuniones de manera telemática segura; nuevo sistema multimedia de grabación de salas de vistas y servicios de videoconferencia para todos los órganos integrantes de la administración de Justicia, denominado proyecto JustiziaIkusBi; desarrollo del proyecto Telelana (Teletrabajo) que, en breve va a facilitar al colectivo de Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia y Médicos Forenses contar con equipos informáticos de última generación para conformar el denominado puesto de trabajo en movilidad, con todas las garantías de seguridad exigibles; se está trabajando en la implantación de un nuevo sistema de gestión de turnos de atención al público para las oficinas de los Registros civiles de las capitales vascas; se está avanzando en la actualización de la plataforma JustiziaSIP, que permite la comunicación telemática de los profesionales con los órganos judiciales; y, también se está impulsando la interoperabilidad de las aplicaciones de gestión procesal con las plataformas utilizadas por la Ertzaintza, lo que va a permitir la presentación telemática de diligencias policiales, etc.
