No fue clara ni legal la forma en la que se intervino la entidad, y menos cuando solamente el 3 por ciento de los clientes eran sospechosos de un total de 29 mil.
En una acción ejemplar más de 200 personas afectadas en el boqueo de sus cuentas por parte de la Banca Privada de Andorra (BPA), se han unido en una gran plataforma para emprender medidas legales contra el Gobierno andorrano, encabezado por Antoni Martí.
Asesorados por el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, los afectados demandan compensaciones por una actuación que califican injusta y que perjudica sus intereses, al condicionarlos a retirar de sus cuentas – desde hace un año – solamente 2 mil 500 euros a la semana.
La intervención, en todo momento no justificada, ha dado pauta el inicio de un proceso judicial sin precedentes, donde los abogados han dejado claro a la prensa inter-nacional que irán hasta el final en el caso, ante la justicia de Andorra para que los afectados puedan recuperar el dinero íntegro de sus depósitos, que suman un total de 366 millones de euros que están congelados en BPA y Banco Madrid.
La demanda patrimonial tiene sus bases en el hecho que no fue clara ni legal la forma en la que se intervino la entidad, y menos cuan-do solamente el 3 por ciento de los clientes eran sospechosos de un to-tal de 29 mil.
Luego de tanto tiempo, la paciencia de los clientes rebosó, frente a las promesas incumplidas por parte del gobierno andorrano y de los engaños y argucias de la familia Cierco, principales accionistas de BPA, quienes se han ganado la des-confianza de muchos inversionistas ante su nula transparencia en la Administración.
No tiene sentido que tras la retirada de la alarma por parte del FINCEN, organismo que se encarga de controlar el blanqueo de capitales internacional del Tesoro Estadounidense, el Gobierno andorrano siga bloqueando las cuentas y alegue un supuesto “blanqueo” para justificar el robo de dinero a miles de clientes quienes han sido criminalizados irresponsablemente.
Se trata de la mayor demanda colectiva contra el Gobierno de Andorra -un nuevo dolor de cabeza para Antoni Martí-, hasta la fecha para reclamar los daños y perjuicios consecuentes, donde el proceso está abierto para que se unan todos los afectados, no sólo de Europa sino de todas las nacionalidades del mundo.
Tras actuar “de forma precipitada y dar palos de ciego”, los accionistas mayoritarios de BPA, Higini y Ramón Cierco, han intentado eludir en todo momento la responsabilidad de haber hecho una intervención no justificada en perjuicio de sus clientes.
La demanda de responsabilidad administrativa contra el Gobierno del Principado, incluye también al Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFAND) y a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB).
Desde el principio no se protegió los intereses ni el secreto bancario de los clientes, y ahora no se ha garantizado su seguridad jurídica, por un mal funcionamiento de las administraciones públicas, en este caso de las de Andorra.
El sentimiento de los afectados es que tanto Andorra como España sobre reaccionaron para agradar a Estados Unidos. Es decir, la filtración del informe del SEPBLAC (Servicio de prevención de blanqueo de capitales) fue decisiva para hundir BPA y Banco Madrid.
