Repugna la justicia andorrana

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Repugna la justicia andorrana

“Por los suelos la imagen reputacional de la banca andorrana, luego de las acusaciones ficticias contra miles de clientes de la extinta BPA”

Con 13 procesos judiciales abiertos, tras la caída de Banca Privada d’Andorra (BPA) por acusaciones ficticias de lavado de dinero por parte de las autoridades estadounidenses en 2015, la imagen reputacional de la banca andorrana asquea más allá de las fronteras del Principado, mientras los clientes afectados no quitan el dedo del renglón para reclamar daños y perjuicios por los casi cuatro años que sus inversiones han estado congeladas.

A pesar de los falsos señalamientos, la justicia andorrana nunca reconoció la vulnerabilidad de los usuarios y abuso que llevaron a cabo algunas entidades bancarias con sus clientes a quienes no se le respetó su derecho a la propiedad privada, so pena que el FinCEN retiró su acusación, sin explicar en qué se basó para lanzarla y luego quitarla.

Con una aportación del 21% del Producto Interior Bruto (PIB), el 5% de los empleos y un volumen de activos que alcanza los 46 mil millones de euros, hasta hace unos pocos años el sector bancario se apuntalaba como el más importante para la economía del Principado, sin embargo, la catástrofe los alcanzó: Andbank, Morabanc, VallBanc, BancSabadell d’Andorra y Crèdit Andorrà, se encuentran en números rojos. Este último, atraviesa por su peor momento, al ganar tan solo 25 millones en 2018, la mitad de lo previsto.

Y aunque el año pasado realizaron desesperadamente un “road-show” que recorrió Madrid, Londres, París y Fráncfort, para transmitir a la comunidad inversora que Andorra ya no es un paraíso fiscal y sus bancos compiten con las mismas reglas que los europeos, no les alcanzó para apaciguar el tsunami financiero que el mismo Gobierno de Antoni Martí provocó.

Ciertamente, la banca andorrana nunca estuvo preparada para enfrentar el reto que suponía el fin del secreto bancario, mientras los clientes institucionales fuera de Andorra aún no han entendido el cambio del sistema financiero y prefieren confiar sus ahorros con un banco español o francés. Al gobierno andorrano “le salió el tiro por la culata”.

Por su parte, el despacho Cremades & Calvo Sotelo, sigue reclamando 366 millones de euros al Gobierno de Andorra por la intervención de BPA y el perjuicio causado a 300 clientes, derivado del falso informe de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que los palomeó como sospechosos de blanqueo de capitales, aunque curiosamente nunca se les investigó.

De su lado, los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la extinta banca, abrieron la puerta a una nueva investigación sobre las políticas económicas del país pirenaico, debido a una clara discriminación y arbitrariedad en la toma de control de BPA, y al conocerse hoy que el Ejecutivo del Principado ejerció presión sobre las instituciones encargadas de comprobar la pulcritud de las operaciones de la entidad, entre ellos el regulador INAF.

Mientras el tiempo sigue su inexorable curso, miles de clientes continúan impedidos por una mafia de políticos y autoridades corruptas, para retirar su dinero, que ya está más que demostrado es totalmente legal, enfrentando un terrible escollo: la gran incompetencia y encubrimiento de las autoridades financieras andorranas, como la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), encabezada por Albert Hinojosa Besolí, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), encabezada por Carles Fiñana.

“Por los suelos la imagen reputacional de la banca andorrana, luego de las acusaciones ficticias contra miles de clientes de la extinta BPA”

Con 13 procesos judiciales abiertos, tras la caída de Banca Privada d’Andorra (BPA) por acusaciones ficticias de lavado de dinero por parte de las autoridades estadounidenses en 2015, la imagen reputacional de la banca andorrana asquea más allá de las fronteras del Principado, mientras los clientes afectados no quitan el dedo del renglón para reclamar daños y perjuicios por los casi cuatro años que sus inversiones han estado congeladas.

A pesar de los falsos señalamientos, la justicia andorrana nunca reconoció la vulnerabilidad de los usuarios y abuso que llevaron a cabo algunas entidades bancarias con sus clientes a quienes no se le respetó su derecho a la propiedad privada, so pena que el FinCEN retiró su acusación, sin explicar en qué se basó para lanzarla y luego quitarla.

Con una aportación del 21% del Producto Interior Bruto (PIB), el 5% de los empleos y un volumen de activos que alcanza los 46 mil millones de euros, hasta hace unos pocos años el sector bancario se apuntalaba como el más importante para la economía del Principado, sin embargo, la catástrofe los alcanzó: Andbank, Morabanc, VallBanc, BancSabadell d’Andorra y Crèdit Andorrà, se encuentran en números rojos. Este último, atraviesa por su peor momento, al ganar tan solo 25 millones en 2018, la mitad de lo previsto.

Y aunque el año pasado realizaron desesperadamente un “road-show” que recorrió Madrid, Londres, París y Fráncfort, para transmitir a la comunidad inversora que Andorra ya no es un paraíso fiscal y sus bancos compiten con las mismas reglas que los europeos, no les alcanzó para apaciguar el tsunami financiero que el mismo Gobierno de Antoni Martí provocó.

Ciertamente, la banca andorrana nunca estuvo preparada para enfrentar el reto que suponía el fin del secreto bancario, mientras los clientes institucionales fuera de Andorra aún no han entendido el cambio del sistema financiero y prefieren confiar sus ahorros con un banco español o francés. Al gobierno andorrano “le salió el tiro por la culata”.

Por su parte, el despacho Cremades & Calvo Sotelo, sigue reclamando 366 millones de euros al Gobierno de Andorra por la intervención de BPA y el perjuicio causado a 300 clientes, derivado del falso informe de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que los palomeó como sospechosos de blanqueo de capitales, aunque curiosamente nunca se les investigó.

De su lado, los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la extinta banca, abrieron la puerta a una nueva investigación sobre las políticas económicas del país pirenaico, debido a una clara discriminación y arbitrariedad en la toma de control de BPA, y al conocerse hoy que el Ejecutivo del Principado ejerció presión sobre las instituciones encargadas de comprobar la pulcritud de las operaciones de la entidad, entre ellos el regulador INAF.

Mientras el tiempo sigue su inexorable curso, miles de clientes continúan impedidos por una mafia de políticos y autoridades corruptas, para retirar su dinero, que ya está más que demostrado es totalmente legal, enfrentando un terrible escollo: la gran incompetencia y encubrimiento de las autoridades financieras andorranas, como la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), encabezada por Albert Hinojosa Besolí, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), encabezada por Carles Fiñana.